La restauración del patrimonio disperso en el exterior es una de las constantes de la política cultural del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, simplemente AMLO, en funciones desde el 1 de diciembre de 2018. El martes 26 de julio, durante una conferencia de prensa, declaró: “Estamos recuperando el patrimonio arqueológico y cultural de México en el exterior” y mencionó “miles de piezas arqueológicas robadas”. En cuanto al canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubon, precisó: “Esto es la más importante restitución de piezas arqueológicas por parte de particulares” y agrega: “Solo nos pidieron no dar el nombre de la familia propietaria de estos objetos”. Patricia Ledezma, directora del Museo Templo Mayor, comparte las emociones que sintió cuando las cajas que contenían los artículos rescatados fueron abiertos.

México ha recuperado así estos 2.522 objetos prehispánicos de una familia de Barcelona, ​​que los devolvió sin dificultad, gracias en particular a la intervención de Claudia Pavlovich, cónsul de México en la capital catalana. Esta colección, de 1,371 objetos completos y el resto en fragmentos, estuvo originalmente resguardada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado de la preservación del patrimonio cultural, y ahora se exhibe en el Museo Templo en el centro histórico de Ciudad de México.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya recuperó 8.970 objetos prehispánicos desde su elección. Algunas medidas han sido particularmente beneficiosas, México se opone periódicamente a la subasta de objetos pertenecientes a las culturas mesoamericanas que ocuparon su territorio, olmeca, azteca y maya.

El gobierno actual cree que este patrimonio disperso ha estado saliendo ilegalmente del país desde el siglo XIX. En ocasiones las casas de subastas y los gobiernos extranjeros le piden a México que demuestre que las piezas arqueológicas en cuestión pertenecen a México, explicó Marcelo Ebrard. Sin embargo, México se las arregla principalmente para afirmar que corresponde al vendedor probar el “origen legal” de las partes en disputa.