“La práctica de la separación familiar en la frontera suroeste fue vergonzosa”, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.
El acuerdo, que pone fin a una demanda colectiva iniciada en 2018 en un tribunal federal de California (oeste), aún no se ha presentado a un juez para su aprobación. Proporciona a las familias afectadas asistencia con los procedimientos de inmigración, alojamiento y atención. Este acuerdo también pretende reducir la posibilidad de nuevas separaciones en el futuro y, en particular, prohíbe al gobierno tomar cualquier medida en este sentido durante los próximos ocho años.
Fin de “uno de los capítulos más oscuros de la administración Trump”
Poco después de llegar a la Casa Blanca en febrero de 2021, Joe Biden puso en marcha una unidad dedicada a identificar y localizar a familias migrantes separadas. Según el comunicado de prensa, esta unidad hasta el momento ha “reunificado a más de 750 niños con sus familias” e identificado a 85 más que se unirán próximamente.
La influyente organización de derechos civiles ACLU, que encabezó la demanda colectiva, se felicitó en un comunicado de prensa por haber alcanzado “un acuerdo histórico” que permitió “cerrar uno de los capítulos más oscuros de la administración Trump”.
“Un elemento clave de este acuerdo es que la administración finalmente acordó no extender esta política de tolerancia cero”, señala la ACLU.
ÚLTIMA HORA: Acabamos de llegar a un acuerdo histórico en nombre de miles de niños y padres separados por la práctica de separación familiar de la administración Trump.
– ACLU (@ACLU) 16 de octubre de 2023
Las tragedias de las familias separadas provocaron indignación incluso dentro de las filas republicanas, lo que llevó a Donald Trump a decidir en junio de 2018 poner fin a esta política, que pretende disuadir a los inmigrantes de cruzar la frontera. Un juez federal, a su vez, ordenó la reunificación de familias separadas. Al mismo tiempo, sin embargo, el gobierno continuó separando familias utilizando la política que exigía el arresto y la deportación de un padre indocumentado si cometía un delito grave.
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