En marzo de 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció con orgullo el lanzamiento de la Operación Estrella Solitaria para frenar la inmigración ilegal. Muros, vallas, alambres de púas, patrullas fuertemente armadas… En Eagle Pass, el Río Grande, el río que separa esta pequeña localidad estadounidense de México, ha adquirido el aspecto de una zona de guerra. Esta militarización de la frontera no ha disuadido a los desplazados -venezolanos, cubanos, nicaragüenses, haitianos seducidos por el sueño americano- pero, sobre todo, ha debilitado su cruce, provocando que los cadáveres sean aún más heridos y aumentando el número de muertos.

“Circo político”, “truco comunicacional”… Los activistas de la Iglesia Luterana de Eagle Pass no se equivocan: el dispositivo es una forma del gobernador de tranquilizar a su electorado y ejercer influencia en el conflicto con el poder federal que controla Río Grande como un lugar.

A finales de enero, la Corte Suprema autorizó a tropas federales a desmantelar el dispositivo instalado en el banco. Cuando Greg Abbott impugnó la decisión, quiso endurecer aún más estas medidas y pidió a la Guardia Nacional de Texas que impidiera la intervención del ejército. En cuanto a la ley de Texas que penaliza la entrada ilegal a su territorio, es objeto de idas y venidas entre la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones. Unos meses antes de las elecciones presidenciales, el tema de la inmigración llegó al Congreso, donde los demócratas intentan no dejarlo en manos de los republicanos. Mientras Joe Biden intentaba aprobar un presupuesto para “cerrar inmediatamente la frontera”, Donald Trump llamó al Partido Republicano a rechazar esta resolución, que era coherente con sus posiciones.