El 19 de mayo, un tren de carga con cuarenta vagones descarriló mientras cruzaba el estado de Puebla (centro) por el Golfo de México en dirección a Veracruz (este). Grupo México, conglomerado que opera los trenes a través de su filial Ferrosur, dijo que el sistema de frenos del tren fue saboteado “por personas ajenas a la compañía”. “Para nosotros es un ataque a los canales de comunicación del país”, denunció Lourdes Aranda, vicepresidenta de relaciones gubernamentales de la empresa.
En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa anunció el viernes 25 de mayo que sufrió siete descarrilamientos en el segundo trimestre por sabotajes en la ruta México-Veracruz, lo que le dejó una pérdida de 312 millones de pesos (aproximadamente 15 dólares). ,9 millones de dólares estadounidenses). La empresa quiere mantener “un servicio seguro y eficiente” y para ello cuenta ya con “más de 1.700 vigilantes de seguridad privados”. También se ha creado un servicio especial “dedicado a la vigilancia y prevención de robos”. Lo habitual es que los atacantes bloqueen el tren colocando piedras en las vías antes de subir a él y saqueando la mercancía.
En el primer trimestre se registraron 852 robos de trenes en el país, principalmente en los estados de Puebla, Guanajuato y Jalisco, según datos oficiales, un aumento del 19% respecto al último trimestre de 2017. Los productos más robados son los cereales. y harinas, productos terminados y bienes de consumo, así como repuestos para automóviles y materiales de construcción. Durante el mismo período se denunciaron 2.519 actos de sabotaje, de los cuales casi el 90% estuvieron dirigidos al propio tren y el 10% a las vías del tren. “Muchos trenes no pueden circular” en cuanto se bloquea una línea ferroviaria y “los clientes se ven afectados por estos robos”, lamenta Lourdes Aranda.

“El tráfico rodado no ofrece una alternativa más segura”

Ante estos ataques, el transporte por carretera no ofrece una alternativa más segura. Según el gobierno mexicano, en abril se abrieron 3.895 investigaciones por delitos de hurto contra empresas de transporte. En comparación con los 3.666 delitos registrados en el mismo período de 2017, esta cifra representa un aumento del 6%.
Miembros de la Alianza Mexicana de Transporte, que agrupa a unas 83.000 empresas de transporte del país, informaron al diario nacional Reforma que cada día se producían al menos cuatro ataques a camiones que transportaban alimentos, electrodomésticos o productos industriales. Un video publicado en las redes sociales en marzo, ampliamente comentado por internautas mexicanos y varios medios de comunicación, mostraba a residentes de todas las edades saqueando un camión de Coca-Cola detenido en una carretera provincial.
Ante el aumento de robos en trenes y vagones de carga, varias empresas han llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a tomar medidas para poner fin a la inseguridad. “La inseguridad está causando graves daños económicos, afectando la capacidad de nuestro país para atraer inversiones, crear empleos y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación”, denunció el lunes 28 de mayo la patronal (Coparmex), un influyente grupo de empresarios mexicanos. “El gobierno debe trabajar hasta el último día de su mandato para apoyar, revertir y solucionar este gravísimo problema”, enfatiza Coparmex, a casi un mes de las elecciones presidenciales.
El lunes 28 de mayo, la minera canadiense Pan American Silver anunció que reduciría sus operaciones en una mina ubicada en el estado de Chihuahua, al norte del país, en medio de “incidentes de seguridad” en las vías de acceso de la empresa.
La semana pasada, la empresa láctea mexicana Lala suspendió sus operaciones en un centro de distribución en el estado norteño de Tamaulipas debido a la inseguridad allí. En marzo, la embotelladora de Coca-Cola en México, Coca-Cola Femsa, anunció el cierre de un centro de distribución en el estado sureño de Guerrero debido al “hostigamiento de grupos criminales”.