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El miércoles por la mañana, el presidente peruano anunció la disolución del parlamento y convocó a elecciones constituyentes. La maniobra fue rápidamente sancionada por la derecha con un sobreseimiento.

Poco antes de las 14:00 hora local, el parlamento peruano aprobó la moción para dejar vacante a Pedro Castillo de la presidencia, es decir, su destitución. La moción recibió 101 votos, mucho más que los 87 requeridos para su aprobación.

A los pocos minutos hablaron las más importantes instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. Sospechoso de corrupción, Castillo fue encarcelado. Dina Boluarte, su vicepresidenta segunda, acaba de tomar posesión y se convertirá en la nueva presidenta del país.

Este evento es un paso más en la profunda crisis política que afecta al Perú. Una crisis que va más allá de la figura de Pedro Castillo y que se ha visto agudizada en los últimos días por las denuncias contra Pedro Castillo de complicidad en la fuga de su exministro de Transporte Juan Silva y de uno de sus tres sobrinos prófugos, acusados ​​de organización el crimen tiene.

Esta es la tercera solicitud de publicación de empleo que Castillo y su gobierno enfrentan desde su elección. Se enmarca en un contexto de constante acoso institucional por parte de la oposición parlamentaria desde su toma de posesión. El parlamento de derecha goza de muy poca popularidad entre la población.

Luego de varios escándalos de corrupción que debilitaron aún más al gobierno, muchos sectores que formaban parte de la base gobernante de Castillo se pronunciaron a favor de su juicio político, lo que sin duda selló el destino del presidente y motivó su desesperada decisión de suspender temporalmente el Congreso y convocar a una asamblea constituyente.

Inmediatamente después de sus anuncios, funcionarios como el Secretario de Estado y varios miembros del Congreso, así como el abogado principal de Castillo, anunciaron varias renuncias. Importantes instituciones como el Ministerio de Estado, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas peruanas se han pronunciado y han calificado la iniciativa de Castillo como un golpe de Estado. Luego de esta medida desesperada, muchos congresistas que querían apoyarlo decidieron votar para destituirlo.