James William Awad, conocido por organizar una
y su socia Sarah Anton fueron declarados culpables de operar un gimnasio en Montreal sin tener los permisos necesarios.
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“La Fiscalía los acusó de realizar actividades de gimnasio en el Astrofit Gym RDP entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 sin contar con la autorización requerida por la ley”, anunció esta semana la Oficina de Protección al Consumidor (OPC).
Sarah Anton, entonces presidenta del club deportivo, fue multada con 3.000 dólares por este caso.
James William Awad, propietario de Astrofit Gym RDP en Henri-Bourassa Boulevard East, debe pagar 6.000 dólares por la infracción.
Awad “no es consciente”
Awad lo confirmó el miércoles. Periódico que “desconocía” que había sido declarado culpable por la OPC.
“Para ser honesto, no me dedico a la asistencia sanitaria. “Me ocupo de tecnología y música”, defendió el hombre al frente de la empresa TripleOne. Asegura que su gimnasio ya cuenta con la licencia necesaria para funcionar.
Sarah Anton fue bastante tacaña con la multa que debía pagar.
“Hemos recibido nuestro permiso de estudio de salud y brindamos la garantía necesaria a la OPC”, asegura M.A mí Antón, sin especificar si todavía trabaja con Awad.
No es su primera controversia
En enero de 2022, El periódico También reveló la época en la que estuvo prohibido.
In situ, durante una visita sorpresa, nuestro equipo descubrió a Sarah Anton entrenando con otra persona mientras todas las salas de entrenamiento en Quebec estaban cerradas debido a la pandemia.
Recordemos también que James William Awad volvió a ser noticia en marzo de 2023. Su pizzería en Bois-des-Filion, en la costa norte de Montreal, fue objeto de un incendio provocado.
“Lo único que me importa es que ningún negocio de los alrededores resultó dañado y nadie resultó herido. Por lo demás, lo superaremos”, dijo el empresario vía mensaje de texto.
¿Por qué es obligatorio este permiso para los gimnasios?
▶ “El comerciante que opere un centro de salud debe tener un permiso emitido por el departamento y proporcionar un depósito de $20,000 por cada uno de sus establecimientos. Esta garantía sirve para garantizar el cumplimiento de la ley y puede utilizarse para compensar a los consumidores en caso de cierre de una empresa”, explica la OPC.
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