El máximo tribunal de México, integrado por 11 jueces, declaró inconstitucionales las sanciones penales por aborto en 2021, pero el fallo solo se aplicó al estado norteño de Coahuila, donde se originó la cuestión.

Desde entonces, los 32 estados del país y el gobierno federal han tardado en derogar sus leyes penales.

El miércoles, el tribunal se puso del lado de los grupos defensores del derecho al aborto en una demanda que impugna el código penal federal y declaró que la sección de la ley estatal que penaliza el aborto ya no debería estar en vigor.

La medida allana el camino para que el sistema de salud federal ofrezca abortos, lo que podría volverse cada vez más importante a medida que México considere centralizar los servicios de salud, dicen los defensores del derecho al aborto.

El grupo a favor del derecho al aborto que llevó el caso a la Corte Suprema celebró el fallo en una publicación en X, antes conocido como Twitter.

“Esta decisión de la Corte Suprema de la nación requiere que los centros de atención de salud federales en todo el país brinden servicios de aborto a mujeres y personas en edad fértil que los soliciten”, dijo en español el Grupo de Información sobre Elección Reproductiva (IWRM).

Un representante del Secretario Nacional de Salud, que supervisa los servicios de salud federales, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El mes pasado, Aguascalientes se convirtió en el duodécimo estado mexicano en despenalizar el aborto cuando la Corte Suprema falló a favor de GIRE en un desafío similar al código penal de ese estado.